TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, PERO ALGUNOS SON MÁS IGUALES QUE OTROS
Este artículo lleva por título una paráfrasis de una parte de una obra de George Orwell porque considero que resume la imagen que tiene la ciudadanía de la función pública en general y de la función judicial en específico. Si bien es cierto que vivimos en un país en el que la corrupción es la norma general, tanto en el sector público como en el privado, que se agudiza en el primero de ellos por su propia naturaleza, y que sería ridículo creer que la función judicial de dicho Estado sería un oasis de rectitud simplemente porque se les ha encargado velar por la justicia, el presente artículo se enmarca dentro de nuestra campaña en contra del abuso sexual y pretende analizar el rol de la función pública, en este caso en el rol investigador.
Por lo tanto, el análisis se enfocará en el desempeño de la Fiscalía General del Estado. Dentro de la campaña en la que se enmarca el presente texto, hemos hecho hincapié en la falta de apoyo que reciben las posibles víctimas de abuso sexual de parte del Estado. Si bien es lógico pensar que, alguien que puede costearse una ayuda legal técnica privada y especializada recibirá una defensa de más alto nivel que alguien que recurre a ayuda legal de oficio, en ocasiones se pierde de vista el largo camino de trabas que la Fiscalía interpone a la posible víctima para simplemente poner una denuncia, ni hablemos para obtener una sentencia que incluya una reparación integral.
Es pertinente ilustrarlo a través de un ejemplo de la vida real. Hace unos meses, antes que esta pandemia nos aislara a todos, me dirigí a la Fiscalía del Guayas situada en la calle Pedro Carbo 634, apenas entraba vi una pareja que vestían de forma particular y con una mirada perdida. Mientras realizaba varias gestiones a través de varios pisos me encontré a dicha pareja en varias ocasiones. De tanto escuchar la historia que ellos contaban se me quedó grabado lo que les había ocurrido.
Ellos venían de una zona rural de la provincia y unas personas los habían desalojado de su finca a punta de pistola. La pareja fue vagando por los pisos de la Fiscalía explicando que la finca es su medio de producción con el cual ellos se sostienen económicamente. Ellos explicaban que en su pueblo alguien los direccionó a Guayaquil, específicamente a la Fiscalía y dicha persona le dijo que en ese lugar podían poner la denuncia.
La pareja preguntó a no menos de cinco funcionarios de distintas áreas cual era el procedimiento que debían seguir, les consultaban también si debían contratar un abogado. En ningún momento los señores, que además ya pintaban canas, se molestaron ni alzaron la voz, por el contrario, hablaban siempre con esa amabilidad desbordada que no se guarda nada. Por el lado de los funcionarios, además de tratarlos con desdén, ninguno se dio el tiempo de darles una repuesta oportuna o tan si quiera aconsejarles que consigan un abogado. Pude escuchar esta frase cuando compartí el ascensor con ellos “tranquila mija, hay que seguir preguntando nomás, total nosotros tenemos la razón y todos los papeles, y por ultimo si hay que contratar abogado se contrata, pero como el Pedro dijo que se podía denunciar sin abogado, ojalá encontremos pronto alguien que nos aclare eso…”
Aunque no es la primera vez que presencio una escena con parecida esencia no pude evitar sorprenderme de la actitud afable que mantuvieron todo el tiempo. Imaginé que, en su pensamiento, al ser ellos las víctimas, el proceso de la denuncia y posterior impulso fiscal debía darse de forma casi natural.
Entonces me puse a pensar en los clientes que he tenido y que han buscado mi asesoría para denunciar un delito sexual. Normalmente llegan a la consulta legal acompañados de algún familiar o ser querido, sienten mucha vergüenza, aunque no han cometido ningún acto reprochable y no están del todo animados a denunciar y seguir el proceso cuando se les explica los pasos a seguir.
Ahora, si eso le sucede a alguien que puede costear asesoría legal privada, qué ocurre con aquellas víctimas de violencia sexual que a penas y sobreviven fin de mes tras fin de mes; para ejemplificar, qué pasa con una chica de escasos recursos que es constantemente acosada por su profesor de colegio, qué tan real es aquello que todos somos iguales ante la Ley si una adolescente asustada que reúne suficiente valor para contar lo que le sucede se estrella contra una Fiscalía inoperante que no solo no brinda ayuda psicológica las posibles víctimas sino que hace de la parte procesal un calvario infranqueable para un ciudadano de escasos recursos.
Como abogado creo firmemente en que el Derecho penal liberal es un paso hacia adelante respecto de la oscura historia pasada repleta de excesos de parte del poder punitivo; sin embargo, no creo que esto debe servir como excusa para que el estado se convierta en patrocinador de la inocencia formal de quienes cometen un delito.
Desde aquí no hay duda que será un sistema educativo que le brinde su debido espacio a la educación sexual el que pueda dar resultados trascendentes en la lucha contra la violencia sexual, mas nos negamos rotundamente a normalizar la revictimzación institucionalizada de personas que ya estando en estado de vulnerabilidad social son invisibilizadas por la Fiscalía y la Función Judicial, por eso desde nuestro lugar, grande o pequeño, seguiremos respaldando el derecho de las víctimas a denunciar.
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